EL LAVADO ENGRANDECE EL NARCOTRÁFICO

Si bien el Estado Nacional estableció, a través de la Ley Nº 20.258, la creación de la Unidad de Información Financiera a la que dotó con la potestad de establecer los sujetos obligados y los mecanismos para que éstos le eleven los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Cada uno de los diferentes sujetos obligados se enfrentan con imposibilidades de carácter técnico, originados en que los organismos estatales no brindan los soportes necesarios para que los sujetos obligados puedan ejercer la debida diligencia en cuanto a la legalidad de los fondos a ser ingresados por una persona física o jurídica en el Sistema Formal de la Economía Nacional.

Algunos ejemplos que avalan lo mencionado, son:

• El B.C.R.A. norma que las Instituciones Financieras y Cambiarias deben ejercer un mayor grado de análisis y seguimiento de las operaciones realizadas por las “Personas Políticamente Expuestas”, conforme lo define el art. Nº 5 de la Ley Nº 25.188, las bases de información publicadas por el organismo estatal obligado se encuentra incompletas y desactualizadas. (ej. No figuran funcionarios en actividad, figuran ex-funcionarios y ambos casos carecen del tipo y número de documento, dato éste necesario para efectuar el control requerido)

• El B.C.R.A. no regula a las Instituciones Financieras y Cambiarias respecto a las operaciones y clientes que utilizan el servicio de remesas de fondos (ej. Western Union, Money Market, etc.), comercializados por éstas.


• La normativa vigente emitida por la U.I.F. y el B.C.R.A. a la que se ven sometidas las Instituciones Financieras y Cambiarias presenta tantas ambigüedades cómo una amplia subjetividad; y no contempla la realidad económica y estructural de las instituciones alcanzadas. Estas situaciones conllevan en algunos casos a la imposibilidad de su adecuada implementación.

• Al no existir un Mapa del Delito, las Instituciones Financieras y Cambiarias se ven impedidas de confeccionar la tan mencionada y necesario Matriz de Riesgos.


• No se ve que exista entre los distintos organismos estatales involucrados en la problemática un claro compromiso político e institucional que busque como objetivo primordial “La prevención y detección del lavado de dinero”.

Ciudad de Buenos Aires, Septiembre 10 de 2006

Cont. José M. CONDE
Dirección de Prevención de Lavado de Dinero
Asociación Antidrogas de la República Argentina

Claudio IZAGUIRRE
Asociación Antidrogas de la República Argentina
Delegado por Argentina ante la Drug Watch International
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